TORRES & CÍA

La historia comienza así. Un día de la primavera del año siete dos milenios después de Cristo, un grupo de vecinos de Tigre cansados del avance desmedido e irrefrenable de nuevos proyectos edilicios, reclamó a la municipalidad dejar sin efecto los permisos de construcción para desarrollar las denominadas “viviendas multifamiliares”.

El municipio, gobernado en ese entonces por los herederos del intendente vecinalista Ricardo Ubieto, nunca había prestado atención a cuestiones tan “banales”: el derecho de los vecinos de una zona típicamente residencial al descanso, el esparcimiento y, sobre todo, a contar con servicios sanitarios -agua y cloacas- que no colapsen rápidamente.

Pero eso no es todo. Los vecinos pidieron también que se suspendan “todas las presentaciones vigentes con excepciones al código, aprobadas y en estudio, hasta la definición de un nuevo código más acorde al vecino que a los inversores”.

“Excepciones”, dispararon. Y esta sí es la verdadera historia.

En 1999 entró en vigencia una ordenanza estableciendo nuevas normas de edificación en el partido de Tigre. La novedad más rutilante consistió en la creación de una “comisión de interpretación y análisis del código de zonificación”, integrada por funcionarios municipales cuya misión se fijó en “contemplar cuestiones no previstas, con un criterio amplio basado en la analogía y el mejoramiento de la calidad de vida”.

A partir de allí, los gerentes del alcalde fallecido comenzaron a otorgar permisos de obra en medio del auge inversor e inmobiliario de la época. De esta manera, se fue “institucionalizando” un mecanismo para articular intereses entre el sector público y el privado, dejando al margen al Concejo Deliberante local. Es conocido el sinnúmero de escándalos generados a través de estas “normas de excepción”, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los municipios del conurbano.

Con el tiempo, se fueron ampliando por decreto las facultades de la “comisión”, como se la conoce en los bares de Tigre, aunque en los estudios de arquitectos, martilleros y escribanías se la mencionaba por los nombres de pila de los funcionarios del partido Acción Comunal, incluso por sus apodos.

Así, fueron originándose hijos y entenados, según dispusieran del favor de “la comisión”. Desde octubre pasado, ante la nueva gestión municipal de diferente color político, vienen testimoniando empresarios de la construcción que nunca pudieron desarrollar en Tigre, inmobiliarias con trámites pendientes en virtud del consabido “estamos estudiando la inserción del proyecto propuesto dentro del perfil urbano” y hasta algunos “arrepentidos”.

Luego de una auditoría efectuada en el mes de diciembre, se detectaron 38 edificios a construir en la zona residencial y comercial aludida por los vecinos indignados, algunos de ellos definitivamente aprobados por las autoridades anteriores. Como muestra alcanza con un botón, dicen las malas lenguas: un conocido arquitecto vuelto al redil gracias a la “gracia” de un ex funcionario y otro “media cuchara” pariente de un influyente profesional presentaron un proyecto de dos torres de casi 88 metros cada una en pleno centro de la ciudad de Tigre. Ello ocurrió el día 31/05/07. A velocidad increíblemente pasmosa, el día 26/06/07 (¡menos de un mes¡) la Comisión dio el visto bueno y el 4/12/07 a días de asumir la nueva gestión aprobaron los planos de obra.

Con el nuevo año, se comenzó a analizar otros casos como éste en base a la sanción de una norma que limita la construcción de edificios a una altura de veinte metros, exigiéndose además un certificado de factibilidad de provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales.

Ampliaremos.